Por un Retorno Digno para las personas afectadas por la crisis económica y el neoliberalismo

Escrito por el grupo de catalanes de la Federación Exterior de IU, en el marco de la ILP para el Retorno Digno presentada al Parlament de Catalunya

En enero de 2019, el Instituto Nacional de Estadística señalaba que éramos más de 300.000 los catalanes y catalanas que residíamos en el exterior. La cifra no es menor, y si hiciéramos el ejercicio hipotético de agruparnos a todos en una misma ciudad seríamos la segunda más poblada de Catalunya, solo por detrás de Barcelona. Somos catalanes porque así lo establece el Estatuto de Autonomía en su artículo 7.2; sin embargo las diferentes vulneraciones que vivimos a diarios nos muestran que en muchas ocasiones nuestros derechos reconocidos en Catalunya llegan hasta donde acaban las fronteras de nuestro país.

Sin entrar al historial de agravios que sufrimos la ciudadanía catalana en el exterior, ya que daría para mucho, es importante analizar por qué somos más de 300.000. De nuevo, el INE nos señala unos datos que deberían hacernos reflexionar sobre la realidad de la sociedad catalana. Entre los años 2008 y 2018, más de 130.000 catalanes tuvimos que emigrar como consecuencia de la crisis económica y las políticas neoliberales aplicadas. El desempleo, la precariedad laboral, el encarecimiento del acceso a la educación o la imposibilidad para acceder a una vivienda son elementos que han generado la salida de miles de catalanes en los últimos años, especialmente de los más jóvenes. A ello hay que sumarle las políticas de privatizaciones y recortes implementadas por CiU y PP durante el gobierno de Artur Mas, políticas que lejos de resolver el problema agudizaron más la desigualdad. Entre esos recortes, la ley 25/2002 de medidas para el apoyo de los catalanes emigrantes y sus descendientes.

Cualquier persona debería tener el derecho a vivir en nuestro país y tanto el Gobierno de la Generalitat como el Parlament deben trabajar para ello sin distinción de la causa de salida, sea por el conflicto catalán o por la crisis económica. Sin embargo hasta el día de hoy no se ha creado en Catalunya ninguna política para garantizar el derecho al retorno de los afectados por la crisis, un derecho que debería garantizar el Gobierno de la Generalitat como así lo establece el Estatuto de Autonomía en su artículo 138.

Es por eso que el pasado mes de diciembre, un grupo de catalanes y catalanas en el exterior presentamos en el Parlament de Catalunya la Iniciativa Legislativa Popular por el Retorno Digno, iniciativa que recoge el trabajo realizado por la Federación Exterior de Izquierda Unida y colectivos de emigrantes como Marea Granate. Las políticas de retorno no son un favor, son un derecho.

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