El Pacto de Toledo y la estabilidad del sistema público de pensiones

Por Juan Guil, responsable de pensionistas del PSUC Viu

En la última sesión plenaria del pacto de Toledo, se aprobaron las 22 recomendaciones por amplia mayoría, con el voto en contra de VOX y la abstención de ERC y Bildu. Esto supone el inicio de un proceso parlamentario; veremos lo que durará teniendo en cuenta la situación que padecemos actualmente con presencia de la pandemia, el colapso sanitario, el gran número de contagios, vidas humanas y la preocupante situación económica que encontraremos una vez termine todo.                                                                                         

Los acuerdos de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo suponen cuestionar las campañas continúas puestas en marcha contra del sistema público de pensiones. Especialmente por entidades financieras, las más interesadas, las que hacen grandes negocios con los planes privados de pensiones; sectores retrógrados, que manejan los hilos de la Unión Europea y defienden los recortes del sistema público de pensiones en España y Europa.

Por primera vez, se reconoce la viabilidad del sistema público de pensiones, y se sitúan los problemas en el gasto impropio que tiene la caja de la seguridad social, que supera los 22.000 millones de euros. Gasto que nada tiene que ver con las pensiones, dejando así sin argumentos a los sectores neoliberales que defienden que las ayudas financieras y los préstamos de la Unión Europea para abordar la recuperación económica estén condicionados a más recortes y austeridad, como ocurrió en las crisis de 2008 y 2010. Por ello tienen gran valor los acuerdos del pacto de Toledo, ya que cuentan con el amplio respaldo de los grupos de la cámara, con los únicos votos en contra de la extrema derecha.

El proceso parlamentario debe iniciarse los más pronto posible. Las 22 recomendaciones aprobadas son eso: recomendaciones. Una vez terminado el proceso de debate y acuerdo en la comisión parlamentaria, se abre el proceso en el parlamento, con partidos y otros actores como sindicatos y patronales, COESPE y Mareas, que también deberían hacer propuestas realistas. Es la forma de dar utilidad y valor a las movilizaciones que desde hace 3 años se están desarrollando en Cataluña y en el estado en defensa del sistema público de pensiones.

Solo veo dos caminos para tomar. Uno consiste en influir en el gobierno y presionar en la calle con movilizaciones y propuestas viables que encajen en la situación financiera que tendremos al finalizar la pandemia. Siendo realistas, dar apoyo al gobierno, frente a la derecha, que sería demoledora si cae este gobierno o si su desgaste hace que en las próximas elecciones esa derecha tenga mayoría. Las condiciones que impondrá la derecha con la extrema derecha, como está pasando en algunas comunidades autónomas y países europeos, supondrían un gran golpe a los derechos de la clase trabajadora, especialmente al sistema público pensiones, como impuso el PP cuando Rajoy gobernaba.

Los acuerdos del pacto de Toledo, si se aprueban en los términos de las recomendaciones, supondrán la consolidación del sistema público de pensiones, que beneficia principalmente a los pensionistas actuales. Es necesario que se aprueben lo más pronto posible y se reduzcan los aspectos negativos a su mínima expresión. Ante la situación política que vivimos, un gobierno en minoría parlamentaria, con fuertes presiones del IBEX-35 al PSOE, es necesaria una plataforma unitaria con el movimiento por las pensiones y sindicatos para influir en el gobierno, para que vaya más allá de lo acordado. Es necesario abrir un nuevo proceso con propuestas razonables y necesarias para el presente y futuro del sistema público de pensiones; hay que recuperar la jubilación a los 65 años con el 100 % con 35 años cotizados, y conseguir que con la jubilación anticipada con 40 años cotizados se cobre el 100%, así como una pensión mínima para las personas que viven solas de 950 euros (actualmente es de 668 euros). Las empresas han de pagar un impuesto equivalente a la seguridad social de un trabajador que sea sustituido por una máquina o robot, destinado íntegramente al pago de pensiones. Son necesarios proyectos unitarios para avanzar: la historia demuestra que la movilización como fin en sí misma, sin alternativas viables, lleva al fracaso.

Esta propuesta necesitaría un tiempo de transición. No son propuestas idealistas, y tendrían un gran apoyo en la calle y las empresas. La riqueza se ha multiplicado por 6 en los últimos 30 años; solo el 1 % de la sociedad acumula el 50 % de la riqueza, y las grandes fortunas no pagan el 7 % en impuestos. Junto a esta medida, debe afrontarse el mercado de trabajo: acabar con la precarización y los bajos salarios. Hace 42 años se consiguió la jornada de 40 horas semanales; el nuevo estatuto de los trabajadores tiene que establecer la jornada de 35 horas a la semana. Estas medidas son necesarias para afrontar con éxito el presente y el futuro. Estas propuestas deben ser la base de lo común entre sindicatos, movimiento de las pensiones y Unidas Podemos para influir en el gobierno.

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