No hace ni una semana se presentó el acuerdo para la futura nueva ley de vivienda. En cuanto a su contenido, el acuerdo supone claramente un avance con respecto a la anterior propuesta. No sólo se aumenta la protección del inquilino a través de las prórrogas del contrato, la limitación de las subidas interanuales y la prohibición de adjudicar los costes de la inmobiliaria al inquilino- sino que también se incluye la aplicación de un control de precios a todos los propietarios, independientemente de su tamaño (aunque de forma distinta).
Lo relevante de esto último, es que este había sido uno de los puntos más controvertidos y el que más había obstaculizado el pacto de la nueva ley. La razón es obvia, la estructura de la propiedad inmobiliaria española (y su cultura), con un absolutamente mayoritario (pero decreciente) porcentaje de propietarios particulares de vivienda refuerza su rol como bien de inversión y especulación. Es en este sentido que el control de alquileres demuestra la potencia de la lucha por el derecho a la vivienda en nuestro país, que incluso en un contexto de correlación de fuerzas desfavorable, es capaz de poner límites al rentismo inmobiliario. En perspectiva europea esto es inaudito, ya que propuestas como estas brillan por su ausencia en la mayoría de países con una estructura de propiedad similar, tal vez con la excepción de Portugal.
Existen varios factores sociales y políticos que explican este giro regulacionista que rompe con la tradición del sistema de vivienda español. El primero, es el incremento sustancial de la masa crítica de inquilinos que ha pasado de ser el 19,4% de los hogares en 2007 al 24,2% en 2021, según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida. El segundo, la explosión inflacionaria de los precios inmobiliarios, especialmente en las grandes ciudades, que ha hecho nacer un potente movimiento por el derecho a la vivienda en contra de los intereses especulativos en el mercado de alquiler, como ejemplifica el Sindicat de Llogaters. Y el tercero, la concentración de los inquilinos en ciertas cohortes generacionales que comienzan a percibir que es muy probable que no accedan jamás a la vivienda en propiedad, en contraste con sus padres y abuelos.
Sin embargo, la ley de vivienda pactada está lejos de ser la norma necesaria, y desde los movimientos sociales advierten que la nueva legislación podría ser un coladero, ya que existen múltiples vías de escape que el arrendatario podría utilizar para evitar la regulación. En un reciente artículo en Público, Jaime Palomera (ex portavoz del Sindicat de Llogaters) muestra como la falta de mecanismos de vigilancia, control y aplicación (la no regulación de los alquileres de temporada o la no obligatoriedad de publicitar el precio del contrato anterior) pueden hacer de esta ley un trozo de papel mojado. Esto es fundamental ya que, en países como Alemania, donde el control de alquileres se implementó sin este tipo de mecanismos, la medida no funciono. Muchas de estas cuestiones quedarán a disposición de las Comunidades Autónomas, y el resultado puede ser significativamente diferente con relación a las formaciones políticas que acaben conformado los nuevos gobiernos autonómicos. Además, esta ley no nos aleja totalmente del modelo de rentismo inmobiliario que hemos mencionado. La bonificación de las deducciones fiscales que promete la ley no hace, sino que apuntalar la transferencia de recursos de los inquilinos a los arrendatarios, esta vez por vía de los impuestos de los ciudadanos.
El marcado acento electoral y algunas dudas
Bajo el prisma electoral, las implicaciones del nuevo pacto son diversas. Mencionaré las más relevantes. La primera, en el corto plazo, es el intento claro por parte del PSOE de marginar a Podemos en la lucha por el derecho a la vivienda. En este sentido, no es de extrañar que el acuerdo se haya publicitado de forma tripartita (PSOE, ERC y Bildu) y haya sido presentado únicamente por los aliados parlamentarios. Y la segunda implicación, es el interés claro por parte de las fuerzas progresistas de convertir la vivienda en un objeto contencioso en las próximas elecciones municipales y autonómicas. Su aprobación (en términos temporales) y los mecanismos de implementación definidos colocan claramente a los gobiernos regionales y municipales en el foco de atención. No será de extrañar que incluso se convierta en un punto central de algunas campañas, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid, donde la misma presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que no aplicará la norma.
En conclusión, la nueva legislación parece ser favorable a los intereses de los inquilinos ya que provee una protección más que necesaria ante la inclemente voracidad del mercado habitacional. Sin embargo, el acuerdo aporta más dudas que respuestas sobre mucho de los factores claves para su aplicación; dejando la mayoría de estos aspectos a la contienda política futura en los contextos subestatales. Además, la normativa, más allá de sus limitaciones internas, está lejos de solucionar el crónico problema de accesibilidad, asequibilidad y condiciones que sufre el sistema de vivienda español. Los precios de la vivienda se disparan en la mayoría de las ciudades, la presión se acentúa sobre sus periferias y el tamaño del parque público de vivienda es tan insignificante que ni siquiera las administraciones públicas conocen su actual estado. La propuesta de ley, y en paralelo, el anuncio del presidente Pedro Sánchez de convertir a la vivienda en el “quinto pilar del estado del bienestar” pueden hacer pensar en un cambio de paradigma, como algunos comentaristas han sugerido. Sin embargo, no debería ser rara la desconfianza. El abandono de la cuestión de la vivienda durante toda la legislatura, la pomposidad de las nuevas propuestas y la proximidad de las elecciones puede que haga dudar sobre la verdadera voluntad de este “nuevo ciclo”. Ya saben, al final, todo puede acabar en un brindis al sol.
Altres noticies d’actualitat
Quizás se tendría que haber señalado que la propuesta de Unidas Podemos (no solo de Podemos) era más ambiciosa, de ahí la tardanza del PSOE en aceptarla.
También que la oferta de vivienda pública de alquiler asequible está muy por debajo de la media europea (3% frente el 9%).
Denunciar también los anteriores anuncios (ministro Ábalos).
Y sobre todo, no abandonar la lucha por el derecho constitucional a una vivienda digna. Si se puede.
No obstante, buen artículo. Quienes militamos en el PSUC Viu, lo tenemos claro. Seguimos luchando por una sociedad más justa y equitativa.