Por Juan Guil
Los datos de los mayores fallecidos por coronavirus, principalmente en residencias privadas, son estremecedores: más de 18.000 sobre 27.000, casi el 70 % del total de fallecidos. En la comunidad de Madrid suman 5876; en Catalunya, 3361; en Castilla y León, 2501; y en Castilla-La Mancha, 2210*. Estas son las comunidades autónomas con más pensionistas fallecidos en las residencias, el 80 % del total –y son, precisamente, las comunidades autónomas con mayores recortes en sanidad pública.
Más del 75 % de las residencias de todo el Estado están en manos privadas (4000 de las 5457 existentes) y mueven más de 4500 millones cada año. Los grandes grupos económicos hacen negocio a costa de las personas mayores, su bienestar y su atención, con unos precios abusivos fuera del alcance de la mayoría. Porque… ¿quién puede permitirse como mínimo 2000 euros mensuales? Con la privatización se ha reducido personal, lo cual ha aumentado la precariedad, se han reducido salarios y se han empeorado tanto las condiciones de trabajo como la calidad del servicio. El único objetivo es obtener más beneficios. De esos barros, estos lodos: los fallecidos en las residencias son el resultado de esas privatizaciones.
La derecha se dedica a hacer campaña contra el gobierno, en los medios de comunicación y redes sociales, difamando, calumniando y culpándolo de ser responsable de tantas muertes en España por el coronavirus. Sin embargo, la mayor parte de los fallecimientos se ha producido en las comunidades gobernadas por el PP, además de Catalunya, donde se hicieron los mayores recortes en sanidad. Así, silencian la realidad del sufrimiento de personas mayores y sus familias –porque saben bien que son los responsables de los recortes sanitarios y la privatización de las residencias.
Las políticas de austeridad y los recortes aplicadas por PP y CiU (hoy JxCat) redujeron considerablemente los recursos económicos en sanidad, prestaciones sociales y dependencia, se congelaron las pensiones y años más tarde se aplicaron subidas de tan solo un 0,25 %. Perjudicaron a pensionistas, clase trabajadora, autónomos y pequeñas empresas; miles de ellos tuvieron que cerrar sus negocios, y llegamos a los 6 millones de parados. No debemos olvidar ese período y sus consecuencias. Los principales medios de comunicación no lo recordaran, eso está claro.
El gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos está haciendo todo lo posible para salir de esta situación con el menor coste posible para el pueblo, y están poniendo todos los medios para vencer el virus. Toman sus decisiones asesorados por un gabinete de científicos en este proceso tan complejo, sin experiencias previas recientes en ningún país europeo; por tanto, están expuestos al riesgo de cometer errores con sus medidas.
Una vez vencida la pandemia, será el momento de hacer valoraciones, de ver dónde se ha equivocado el gobierno con su presidente en cabeza. Ahora es tiempo de centrarse en derrotar al virus y ayudar económicamente a quienes más lo necesitan. En estos momentos cruciales, la derecha y la ultraderecha solo se dedican a difamar y mentir.
Cuando acabe esta pandemia, también será la hora de valorar y pedir responsabilidades sobre lo ocurrido en las residencias, sobre todo a las empresas que las han gestionado, y los gobiernos autónomos deberán asumir sus responsabilidades. Las organizaciones sociales, movimiento vecinal, plataformas de pensionistas, mareas, sindicatos, etc. debemos poner en marcha junto a la sociedad civil, con apoyo político e institucional en los municipios, mecanismos activos para esclarecer los hechos y pedir responsabilidades a los gobiernos y las empresas responsables. Cuando se demuestre dejadez y abandono, deberán indemnizar a los familiares, iniciar procesos judiciales y rescatar el carácter público de esas residencias.
La fiscal del Estado, hasta el día de hoy, ha abierto 121 diligencias civiles y 86 penales* por las denuncias de familiares y trabajadoras de esos centros: 50 de Cataluña, 40 de Madrid y 15 de Castilla y León. Se han iniciado los procedimientos para investigar los casos de mayor gravedad, incluso la ocultación de cadáveres. Debemos ser parte activa de estos procesos por su gravedad. No podemos permanecer pasivos ante la privatización de los servicios esenciales en favor de los “amigos” del gobierno de turno para que hagan negocio y empeoren las condiciones de vida de las personas mayores.
*Datos del 13/05/2020, de la página web de RTVE: https://www.rtve.es/noticias/20200512/radiografia-del-coronavirus-residencias-ancianos-espana/2011609.shtml