Los resultados de la segunda fase de las pensiones son un gran paso adelante para mejorarlas a los nuevos pensionistas, especialmente las más bajas. Este acuerdo ha sido posible por el esfuerzo del PSOE y Unidas Podemos en el gobierno, debemos valorar positivamente, el acuerdo alcanzado está respaldado por el PCE, Izquierda Unida y Podemos. Supone un paso importante para garantizar y mejorar el poder adquisitivo de las nuevas pensiones.
El acuerdo está pendiente del trámite parlamentario y mejora las futuras pensiones, contrariamente a los mensajes de los medios de comunicación que han estado resaltando continuamente el empeoramiento de las nuevas pensiones. Este acuerdo significa dejar atrás las políticas de recortes y avances para el conjunto de la clase trabajadora en su jubilación, también para quienes opten por adelantarla, dando mayor estabilidad y viabilidad al sistema público de pensiones.
El acuerdo del gobierno plural ha contado con el apoyo de los sindicatos CCOO y UGT, poniendo el acento en lo positivo de este acuerdo, que garantizará la revalorización de las pensiones con el IPC, subirán las pensiones mínimas y las no contributivas hasta el 60% de la renta media y mejorará las pensiones de las mujeres con un complemento de género y la cotización en etapas de laguna en la seguridad social por estar desempleado. Su desarrollo significará una mejora importante para las pensiones más bajas.
Este acuerdo está dentro de los parámetros de Bruselas, es un paso adelante en la defensa de un sistema público de pensiones sostenible en el presente y el futuro. La redacción de la reforma del sistema permitía interpretaciones diferentes, la pretensión de incrementar el período de cómputo de años para calcular la pensión, de los 25 actuales a los 35 años era inaceptable para la clase trabajadora, que supondría una reducción significativa para los nuevos pensionistas.
El acuerdo mantiene un sistema en los próximos 20 años para que las personas trabajadoras puedan elegir, si el cálculo de su pensión pública se realice con el cómputo de 25 años, como hasta ahora, o con 29 años eligiendo los 27 años mejores. Con el acuerdo alcanzado se demuestra que es posible una reforma que garantice la sostenibilidad de las pensiones públicas sin recortes de las prestaciones, consolidando un mecanismo de por vida.
Estos compromisos suponen un paso adelante importante, el acuerdo alcanzado entre las fuerzas políticas de izquierda que ha hecho posible el gobierno de coalición, contando con el apoyo los sindicatos de clase. Por eso, es necesario la unidad de las organizaciones políticas que forman el gobierno y de aquellos que le dan respaldo, para que esta reforma sea el principio de una recuperación de derechos todavía mayor. Garantizar pensiones públicas, dignas y sostenibles es cuestión de voluntad política y de capacidad de llevarla a cabo. Ningún derecho conquistado o recuperado se podrá mantener sin participación de los sindicatos de clase y los movimientos sociales, por ese motivo, habrá que defender esta reforma y los futuros avances en las instituciones y en las calles.
Estos acuerdos no significan la renuncia a mejorar el sistema actual de pensiones, que el PSUC lo considera insuficiente. Para asegurar estos avances es necesario un cambio de correlación de fuerzas en la sociedad, que asegure una mayoría de izquierdas en el parlamento, y donde Unidas Podemos tenga un grupo parlamentario que asegure estabilidad y el cumplimiento de los compromisos del programa electoral con el PSOE.
Los tiempos que vivimos, donde la derecha y la extrema derecha, se convierten en lo más retrógrado, representando los intereses, de las grandes empresas que manejan la economía y los medios de comunicación, especialmente las televisiones, que son el medio principal para influir en las personas. Hay que recordar lo que significó para la clase trabajadora en el último gobierno del PP. Para que no vuelva a suceder es más necesario que nunca el compromiso político.
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